La tinta y la saliva se gastan para sacar a la luz nuevos actos de corrupción y asimismo de  inconstitucionalidad, cabe hacer mención de la reciente nota que circula en gran parte de los periódicos nacionales y prensa internacional sobre las recientes medidas que han lanzado los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, quienes están por cerrar administración y prevén blindarse de señalamientos de corrupción, derivados del Decreto que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) del  veintisiete de mayo del año en curso.

El discurso político apegado al “deber ser” en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción se encuentra alejado de la percepción que el ciudadano tiene de sus gobernantes y es que ni la realidad ni las aspiraciones sociales se cambian por decreto de la noche a la mañana, esto sin demeritar la coercitividad que acompaña a las leyes.

El caso de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no son nuevos si se habla de gobiernos corruptos, sin embargo es interesante el análisis en el sentido que ofrecen una visión descontextualizada del político – como habitualmente es percibido por la sociedad- y el nuevo marco legal que se pretende implementar con el SNA, es decir, por un lado los mismo vicios del ejercicio político que han sido el lastre de México a través de su historia y por otro lado la vanguardia en materia legal anticorrupción.

Los gobernadores de las tres entidades en cuestión y los del resto del país, son la representación de lo que en teoría debe ser lo mejor de la sociedad, sin embargo el sufragio no garantiza la honestidad ni la capacidad para gobernar, es por ello que cabría en el sentido político ser funcionarios con una trayectoria intachable, pero como esto no es suficiente es necesario la existencia de normas que regulen la actuación de los políticos y que incentiven la participación ciudadana para vigilar el comportamiento de los primeros.

Si bien, la inconstitucionalidad en mención es una falta en la cual incurren los tres gobernadores con la intención de salir librados de cualquier señalamiento de corrupción posterior a su mandato, cabe reconocer, como ya se dijo, que son representantes y representaciones también del ciudadano, es decir, no dejan de ser parte de una cultura que envuelve la idiosincrasia mexicana.

Sin ser una apología del político, el ciudadano genera condiciones similares día a día y la corrupción se impregna en las acciones cotidianas en donde por un lado exige la legalidad de sus autoridades y por el otro lado él mismo las incumple; se queja de que: los policías sean corruptos al tiempo que él mismo ofrece la “mordida” ; los señalamientos no son respetados y se estaciona en el lugar designado para discapacitados, por mencionar dos ejemplos.

La inconstitucionalidad es la práctica más recurrente del ciudadano mexicano aún cuando se luche por ideales genuinos  de igualdad, libertad, justicia etc., la Carta Magna vista como la expresión de la voluntad de una nación debe contener las leyes que el ciudadano acepta para poder convivir y debe estar apegada a la realidad, en este sentido el ciudadano y el político deben ser la representación reciproca de las aspiraciones sociales que se pretende alcanzar.