Las necesidades políticas de la sociedad mexicana han transitado de manera constante durante su joven vida independiente; a principios del siglo XX la exigencia del sufragio efectivo, no reelección marcó una generación, que tras sufrir todos los efectos de inestabilidad que dejó la Revolución Mexicana, ‘satanizó’ el término ‘reelección’, a tal grado de ser un concepto rechazado en automático hoy en día, por el común denominador mexicano.

Años más tarde, habiendo ‘satisfecho’ por lo menos teóricamente, el caso de lareelección, la atención se centró en el otro pendiente histórico: el sufragio efectivo.

Entre 1940 y 1970 se presentaron avances paulatinos en el desarrollo del país, como sexenios presidenciales ininterrumpidos, la expropiación y auge del petróleo, una consolidación institucional, industrialización, crecimiento y modernización de ciudades y un incremento en el acceso a la educación superior, entre lo más importante, avances que trajeron consigo años de estabilidad política y económica, así como un crecimiento considerable de la clase media; no obstante, el pueblo mexicano jamás olvidó algo: no gozaba de procesos electorales equitativos y transparentes. , lo anterior aunado a que el “milagro mexicano” llegaba a su fin y la moneda nacional se desmoronaba constantemente.

A finales del siglo XX el hartazgo ciudadano era inminente; alimentado por las crisis económicas a principios de las décadas de 1980 y 1990, la caída del sistema en las elecciones de 1988, las decisiones controversiales respecto al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y sucesos como la matanza en la localidad de Acteal, estado de Chiapas, por citar algunos ejemplos.

Aunado a lo anterior, en la antesala de los años 2000, la institución encargada de organizar los procesos electorales en México ya gozaba de autonomía y la oposición del partido en el poder había tomado fuerza en las elecciones intermedias de 1997, el Partido Revolucionario Institucional había perdido por primera vez en la historia la mayoría de representación en el Congreso, elementos que culminaron en los resultados de la elección presidencial del año 2000.

La transición política en México permitió la alternancia anhelada por la sociedad del momento y la cual en grandes cifras opinaba incluso que no sabía si los resultados de la administración entrante serían buenos o quedarían a deber, sólo quería saber qué se sentía tener en el poder aun partido diferente después de poco más de setenta años.

En los siguientes doce años, bajo el gobierno del Partido Acción Nacional, la sociedad observó que problemas abanderados por dicho partido durante sus años de oposición, como la corrupción y la desigualdad, contrario a hacerles frente ampliaban sus brechas. De igual forma, no hubo avances tangibles en otros ámbitos, a pesar de ser años en donde la venta del barril de crudo de petróleo se promedió en los cien dólares.

En los años finales, la estrategia fallida denominada ‘guerra contra el narcotráfico’, terminó con la paciencia de la ciudadanía, tras experimentar una de las mayores épocas de ingobernabilidad en varios territorios del país; en esta política de Estado, el presupuesto destinado para compra de armamento fue sin precedentes y las cifras de muertes, sin ser exactas, oscilan entre las noventa mil y ciento cincuenta mil.

El retorno del Partido Revolucionario Institucional a ‘Los Pinos’ tuvo altas expectativas, en esencia por una aparente capacidad política para conciliar y encaminar las distintas fuerzas partidistas a librar una batalla en común, con reformas estructurales que propiciaran desarrollo y bienestar en todos los sectores de la población, mediante el firmado ‘Pacto por México’. A su vez, parecía ser el sexenio de la inversión en infraestructura; los proyectos carreteros, ferrocarrileros y los nuevos aeropuertos, que potencializarían el sector industrial y turístico del país.

Sin embargo, a poco menos de dos años para culminar este sexenio, los resultados no han sido los esperados. El gobierno actual no supo ‘sacudir’ las responsabilidades de la ‘guerra contra el narcotráfico’, heredadas por la administración pasada; contrario a ello, se ha mostrado intolerante, insensible e impune en acontecimientos sociales como los suscitados en los poblados de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 y en NochixtlánOaxaca, el pasado 19 de junio.

Por otro lado, una coyuntura económica tambaleante a nivel internacional, ha provocado constantes recortes al presupuesto de distintos rubros; los ingresos al erario, producto de la polémica reforma fiscal, han sido dispuestos para parchar el hueco que dejó el desplome de los precios del petróleo, el cual llegó a estar cerca de los veinte dólares.

Pase lo que pase en los siguientes meses, quedará registrada en los libros de la historia de México una nueva devaluación, e independientemente de las subastas de dólares y el aumento a las tasas de interés como medidas del Banco de México para evitarlo, el tipo de cambio cerrará en este sexenio por lo menos arriba de los dieciocho pesos mexicanos por dólar.

Al final del día, al grueso de la población le importan poco las explicaciones macroeconómicas, cuando la situación se refleja directamente en su billetera; los mexicanos afortunados de tener empleo, trabajan igual o más que hace algunos años, con la salvedad de que cuando tiene que efectuar sus pagos en el supermercado observan que por la misma cantidad pagada se llevan menos productos y en contraste su sueldo no ha aumentado. De la misma manera resiente el desmedido pago de impuestos, pero convive en su día a día con infraestructura y servicios públicos deficientes, en donde sobreponerse a una enfermedad y encontrar escuela para sus hijos se han convertido en verdaderas hazañas.

Ante esta situación cualquier pronóstico para las elecciones presidenciales de 2018 sería aventurado; el tema de hoy no lo es más la reelección, el equilibrio de fuerzas o la transparencia en los procesos electorales; al ciudadano mexicano le importa cada vez menos el color del poder ejecutivo y el reparto de escaños en el legislativo, pues se ha percatado que en la mayoría de ocasiones pactan sobre una misma línea paralela a su discurso. El ciudadano mexicano ha brindado ya bastantes oportunidades y en toda ocasión los resultados han quedado a deber.

Lo más preocupante en el escenario nacional actual, es que las opciones del electorado mexicano están reducidas y desgastadas, carentes de verdaderos liderazgos sociales; por esta razón, la conclusión de las pasadas elecciones de junio no puede quedarse en los siete estados ganados por el PAN, tres de ellos en alianza con el PRD, ni tampoco en los cinco conseguidos por el PRI, la verdadera deducción post comicios es el hartazgo social reflejado en el histórico porcentaje de abstinencia, electorado que prefirió hacer cualquier cosa ese domingo ante la falta de convicción y confianza por alguna propuesta política.

¿Cuál será la decisión ciudadana en 2018?

¿Elegir de nueva cuenta a los partidos que históricamente no han cumplido con las expectativas?

¿Apoyar una alianza pragmática, carente de ideales, cocinada con el único objetivo de alcanzar el poder por el poder mismo?

¿Apostar por una candidatura ‘independiente’, pudiendo ser disidente o el as bajo la manga de otros partidos en el peor de los casos y en el mejor un buen intencionado saboteado en el Congreso?

Si bien, en democracias sin opción de segunda vuelta los gobiernos suelen ser de minoría, México corre el riesgo de tocar extremos a falta de credibilidad en la clase política y en 2018 contar con un presidente de la nación no sólo deslegitimado, sino elegido tal vez por una séptima u octava parte del padrón total de electores.